La disposición legal anunciada por Fomento se aplicará a los nuevos proyectos
8 MAY 2015
La ministra de Fomento, Ana Pastor, en las obras del túnel de la A-7.
La polémica sobre la inversión multimillonaria en las líneas de Alta Velocidad (AVE) se ha reactivado en las últimas semanas, de la mano de los informes de expertos, como los de la fundación Fedea, que cuestionó la viabilidad de los principales corredores de AVE en servicio, o de las propuestas de Ciudadanos, que plantea postergar la inversión pendiente para reorientar el gasto a políticas de innovación. El Gobierno del PP defendió la rentabilidad social y económica de la inversión en AVE, pero lo que sí dejó en evidencia el debate es la falta de estudios previos y públicos que justificasen las obras desarrolladas en las últimas décadas. Un vacío que el Ministerio de Fomento quiere llenar ahora mediante una nueva exigencia legal.
La construcción de una nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) o de una nueva carretera deberá estar avalada por un estudio previo de su retorno social y económico, según aseguró este viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor. La obligación legal de realizar estos estudios se fijará en la nueva Ley Ferroviaria para el caso de las líneas de tren y en la Ley de Carreteras, para las vías de vehículos, ambas aprobadas en el Consejo de Ministros de esta semana.
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